Ley de Contratación Pública Transparente y Auditada
La ausencia de control efectivo y de trazabilidad completa en la contratación pública dificulta la detección de irregularidades y favorece prácticas opacas. La transparencia integral y la auditoría de los contratos son elementos esenciales para una gestión pública responsable.
La contratación pública en España se rige principalmente por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP). Si bien esta norma incorpora principios de transparencia y competencia, en la práctica persisten deficiencias relevantes que dificultan un control efectivo de la integridad en la contratación.
Entre estas deficiencias destacan la ausencia de criterios claros de integridad de las empresas licitadoras, la insuficiencia de auditorías posteriores a la adjudicación, la falta de transparencia completa sobre la ejecución de los contratos y la escasa efectividad de las sanciones ante incumplimientos graves.
La LITFIP aborda estas carencias reforzando la trazabilidad y el control del ciclo completo del contrato, desde la licitación hasta su ejecución y liquidación, mediante:
La obligación de publicar íntegramente el expediente contractual en formatos abiertos.
La introducción de auditorías externas independientes para contratos de importe significativo.
La creación de un Registro Nacional de Inhabilitaciones Contractuales, accesible al público.
El refuerzo de las consecuencias ante incumplimientos reiterados en materia de integridad.
El objetivo es reducir los riesgos de corrupción, mejorar la competencia leal y garantizar una contratación pública sujeta a control efectivo y rendición de cuentas.
Ley de referencia neerlandesa: "Aanbestedingswet (Países Bajos, 2012)"
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