Ley de Protección de Denunciantes

La protección de denunciantes es un pilar fundamental para la prevención de corrupción, fraude y mala gestión. En España, la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno y algunas disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) reconocen derechos parciales a denunciantes, pero:

• No existe un mecanismo integral y centralizado para proteger a quienes informan irregularidades.

• La protección frente a represalias no es automática ni uniforme.

• No se extiende claramente al sector privado o a contratistas públicos.

• No hay oficinas especializadas con independencia y seguimiento efectivo de denuncias.

La experiencia holandesa demuestra que la existencia de una Oficina Nacional de Denunciantes reduce significativamente la corrupción y fomenta la transparencia, garantizando protección y procedimientos claros.

Ley holandesa de referencia: "Wet Huis voor Klokkenluiders (Holanda, 2016)"