Ley de Protección del Denunciante de Buena Fe y Refuerzo de la Ley 2/2023
Refuerza la protección de los denunciantes de buena fe mediante una coordinación efectiva entre las Administraciones Públicas y la Autoridad Independiente de Protección del Informante.


La protección de las personas denunciantes constituye un pilar esencial para la detección temprana de la corrupción, el fraude y las infracciones graves en el sector público.La LITFIP no sustituye ni duplica la Ley 2/2023, sino que la refuerza y complementa, garantizando su aplicación efectiva en todas las Administraciones Públicas mediante mecanismos de coordinación institucional.
A tal efecto, se establece la obligación de que las Oficinas de Integridad de las Administraciones Públicas cooperen activamente con la Autoridad Independiente de Protección del Informante, pudiendo habilitar:
Canales electrónicos comunes y seguros.
Protocolos de derivación confidencial de la información.
Mecanismos coordinados de protección frente a represalias.
Este refuerzo tiene como objetivo:
Evitar vacíos de protección entre administraciones.
Garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante.
Asegurar una respuesta homogénea y eficaz ante denuncias de buena fe.
La iniciativa consolida así un sistema de protección integral del denunciante, alineado con los estándares europeos y orientado a generar confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Ley de referencia Neerlandesa: Huis voor Klokkenluiders (Países Bajos)
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